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EL PEQUEÑO COMERCIO NO
REQUERIRÁ LICENCIA DE APERTURA.
 La
Mesa de Trabajo creada por el Gobierno de Cantabria para la simplificación
de trámites administrativos para la apertura de nuevos negocios consensúa la
ampliación del catálogo de actividades que podrán beneficiarse.
La Mesa de Trabajo formada para la
simplificación de trámites administrativos para la apertura de nuevos
negocios comerciales ha consensuado que los establecimientos de hasta 450
metros cuadrados de superficie no requerirán licencia de apertura.
Asimismo, la Mesa ha aceptado la ampliación de las nuevas actividades
propuestas por el Gobierno de Cantabria.
Este grupo de trabajo fue creado el pasado 4
de julio a instancias de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y
Comercio y desde entonces viene trabajando con el objeto de sentar las bases
y establecer los contenidos que permitan regular un sistema de licencias
municipales de apertura de comercios más sencillo y ágil, que incentive a
emprendedores y facilite la creación de nuevos negocios.
De esta forma, el catálogo de nuevas
actividades propuesto por la Consejería de Comercio del Gobierno de
Cantabria y aceptado por la mesa contempla las siguientes:
Reparaciones de otros bienes de consumo
Alquiler de bienes de consumo
Comercio al por menor de toda clase de artículos en economatos y
cooperativas de consumo
Comercio al por menor de toda clase de artículos
Servicios de publicidad y relaciones públicas y similares
Otros servicios prestados a las empresas
(cobros de deudas, servicios mecanográficos, servicios de traducción,
servicios de mensajería reparto, servicios de colocación y suministro de
personal, multiservicios intensivos de personal
Seguros de vida, de capitalización y mixtos de vida y capitalización, de
asistencia sanitaria, enfermedad, de entierros, de daños materiales, y
otros
Servicios jurídicos
Empresas de estudios de mercado
Con estos dos acuerdos se da un paso más en la
flexibilización de medidas que persigue el Gobierno de Cantabria para
dinamizar este sector y se avanza en los términos que contemplará la nueva
normativa.
La Mesa determinará en septiembre los contenidos definitivos de la misma,
tras el análisis de los acuerdos adoptados en la última reunión.
El establecimiento de una unidad normativa que garantice a las empresas un
marco de seguridad jurídica es otro de los objetivos. En este sentido, el
Gobierno de Cantabria ha promovido un modelo de comunicación previa y
declaración responsable tipo, con objeto de que faciliten la cooperación
administrativa, así como el desarrollo de una ordenanza tipo en materia de
licencias municipales.
El Ejecutivo cántabro se propone extender la eliminación de la licencia
previa de apertura a aquellas actividades comerciales y servicios que no
tienen un impacto susceptible de control previo, motivados en la protección
del medio ambiente, de la seguridad o de la salud pública. La
flexibilización se extiende a las obras de acondicionamiento de los locales
que no requieran de la redacción de un proyecto de obra.
La entrada en vigor de una nueva normativa -vía ley o decreto- se realizará
lo antes posible, ya que la actual situación económica no permite demoras.
El grupo de trabajo, presidido por la directora general de Comercio, Ana
España, está formado por representantes de la Universidad de Cantabria
(UC), de la CEOE-CEPYME, Cámara Cantabria, Cámara de Torrelavega, COERCAN y
FEDISCOM, de los ayuntamientos de Torrelavega, Castro Urdiales, Santander y
Camargo, así como de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC).
Esta iniciativa es fruto del Real Decreto-Ley de 25 de mayo de 2012, de
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
Esta normativa estatal elimina las licencias previas de apertura de
establecimientos comerciales de hasta 300 metros cuadrados, así como la
licencia para la realización de obras de acondicionamiento, siempre que no
requieran redacción de proyecto y sustituye la licencia previa por una
declaración responsable con un régimen de control que se ejerce a
posteriori.
El Real Decreto establece un catálogo de actividades comerciales y habilita
a las Comunidades Autónomas para extender dicho catálogo y servicios, así
como el umbral de superficie, que fija en 300 metros cuadrados.
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