Liberal - El Mundo recoge el Auto dictado
por el Juzgado de Instrucción Nº3 por el que se celebrará juicio oral y el
patrón de los empresarios tendrá que sentarse en el banquillo. Iniciada en
2003, ésta fue una de las causas por las que comenzó el cisma
asociacionista en Cantabria ya que, cuando se presentó a la presidencia,
se le dijo que no debería hacerlo porque tenía causas pendientes con la
Justicia.
A partir de ahora se abre un laberinto judicial ya que el Auto se dará
traslado a las partes y, tras las sonsabidas calificaciones, se celebrará
el juicio oral. Mal pinta la cosa para el empresariado de Cantabria ahora
que parecía que la paz asociacionista se había impuesto a las viejas
causas, aunque se sabía que la causa que Mirones tenía pendiente podría
volver a cobrar fuerza.
La principal alegación de Mirones para celebrar las elecciones
anticipadas era las dificultades que estaban atravesando las empresas y
los empresarios cántabros; sin embargo, ahora se descubre que las
dificultades afectaban no tanto a las empresas como a su situación
personal.
Sin duda, un acto de responsabilidad sería presentar la dimisión y,
ahora que están todos los empresarios en la asociación, celebrar
elecciones y acabar definitivamente con este cisma que se abrió con su
presentación a la presidencia y la salida abrupta del anterior Secretario
General, Castanedo, y del presidente, Lope Carral. No es presentable que
una argucia electoral produzca inseguridad en las negociaciones
empresariales, ya que hay que dar respuesta a las movilizaciones
anunciadas por los sindicatos, no contra el gobierno -que es, a la postre,
el responsable de la crisis- sino contra los empresarios, tan víctimas
como los trabajadores.
En El Diario Montañés la noticia se recoge de la siguiente forma:
El Juzgado de Instrucción de Santander número 3 ha comunicado a la
Fiscalía y a los querellantes del caso Socuevas que cuentan con diez días
para presentar el escrito de acusación, en el que pueden solicitar la
apertura de un juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
Son ocho los acreedores que presentaron en 2003 una querella por
delitos de insolvencia punible y delito societario contra la empresa
Socueva, de la que fueron administradores Miguel Tausía, Javier Mirones,
Ricardo Hontañón y Miguel Mirones, actual presidente de la CEOE. También
se les acusa de presuntos delitos a los empresarios Inés Carmen Serna y
Miguel Martínez de la Hidalga.
A comienzos del año pasado, un juez declaró fraudulenta la quiebra
declarada por la empresa Socueva en enero de 2003, ya que se encontraba en
esa situación desde el 31 de diciembre de 2000, «mucho antes de la
declaración judicial formal», según la sentencia. Según el juez, los
administradores solidarios de la empresa, con la finalidad de «ocultar» la
situación económica real de la empresa y «en perjuicio» de sus acreedores,
«falsearon» los documentos contables.
A raíz de este fallo se pusieron en marcha varios procedimientos
civiles y uno penal contra la empresa. En uno de ellos, cuya sentencia se
conoció a finales del año pasado, Mirones y los otros tres administradores
de la empresa Construcciones Socueva fueron absueltos de un presunto
delito de apropiación indebida.
Además, el magistrado aludió también a la «complicidad» en que
incurrieron Inés Serna Alonso, directora gerente a la sazón de Cota
Hispania S L, responsable de la gestión y administración de la
constructora quebrada, y Miguel Martínez de la Hidalga, representante de
Cota Management, sociedad que firmó un contrato de cesión de créditos con
Socueva. Este contrato lo que supuso es «la transmisión de créditos de
ésta contra terceros (pendientes de cobro y contratos en fase de
ejecución) a cambio de una deuda que no se concreta y se revela incierta».