Los profesionales de la plaza de abastos de Los Corrales de Buelna recibieron ayer la notificación oficial del Ayuntamiento requiriéndoles, con carácter cautelar, el «inmediato desalojo» del inmueble, para lo que tendrán cuatro días desde de hoy, es decir hasta el sábado. En ese plazo deberán desalojar los puestos que ocupan y retirar los bienes y enseres de su propiedad.

La notificación advierte de que si no se acata esa orden se podrán imponer multas coercitivas. Por último, se informa a los perjudicados de que, contra esa resolución, definitiva en la vía administrativa, podrán interponer un recurso de reposición en un mes ante el Ayuntamiento o bien impugnarlo ante la Justicia en el plazo de dos meses.

La decisión se basa en dos cuestiones principales: la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio que establece que «en casos de urgencia y cuando la amenaza de ruina ponga en peligro la seguridad de las personas y bienes, el alcalde ordenará el inmediato desalojo del inmueble y las demás medidas que resulten estrictamente necesarias para evitar dichos daños», y, por otra parte, el informe del arquitecto municipal sobre la «ruina inminente» del edificio, así como su «extrema inestabilidad» y el «evidente peligro para las personas que se encuentran allí».

Ese informe hace especial mención a una cercha que ha dejado de ejercer su misión: dado su estado, produce, según el informe, empujes laterales que tienden a derribar hacia la calle las paredes en que se asienta.

Dudas de los perjudicados

Tras recibir la notificación, los cinco comerciantes expresaron sus dudas sobre varias cuestiones. La primera sobre el informe del arquitecto municipal que, si bien hace mención a la peligrosidad de la situación, termina señalando que «ese estado hace que sea urgente la reparación o sustitución de la cercha y el consiguiente acondicionamiento del tejado», sin que, según los comerciantes, se hable del derribo del inmueble.

Por otra parte reclaman el respeto a sus derechos, la titularidad de la concesión hecha por el Ayuntamiento para ejercer su profesión en un edificio público. Y, a partir de ahí, quieren una explicación sobre qué se va a hacer con esos derechos si se les obliga a abandonar su profesión y si el desalojo es con carácter provisional o definitivo.

Cuestiones que podrán ser aclaradas hoy, en una reunión que mantendrá al mediodía el asesor jurídico de todos los comerciantes con los servicios jurídicos municipales.

Apoyo del comercio

Salvador Victorino Fernández, presidente de la Asociación de Comerciantes, comunicó ayer que ha remitido el informe técnico del Ayuntamiento al departamento jurídico de la Federación de Comercio. «El informe es muy preocupante y preve una solución complicada, ya que no estamos hablando de fallos sanitarios sino de fallos en la estructura que afecta a la seguridad del edificio». «La dejadez de la Administración y el hecho de que solo haya cinco actividades comerciales dentro del edificio ha llevado a que la solución de continuidad sea harto difícil». Y adelantó que la asociación ha brindado toda la ayuda jurídica que se les pueda ofrecer a los comerciantes perjudicados.

Crítica regionalista

Por su parte el portavoz del Grupo Regionalista, Miguel Mediavilla declaró ayer que, siendo prioritaria la seguridad de los comerciantes y usuarios del mercado, y, por lo tanto, tomar las medidas pertinentes para garantizar dicha seguridad, «¿la única solución posible es la demolición del edificio?, ¿esa es la alternativa que se propone desde los servicios técnicos municipales, o lo que éstos dicen es que es necesario desalojar el mercado hasta que se solucione el problema?». Y, añade, «la rotura de la viga en cuestión no se produjo ayer, ¿qué ha sucedido con las medidas que se tomaron cuando esta rotura se produjo?, ¿han servido para algo?».

Mediavilla afirmó que «urge una reunión entre los responsables municipales y los comerciantes, que se les explique cara a cara la situación y se estudie con ellos las medidas necesarias provisionales para mantener el edificio abierto hasta que pueda haber una nueva ubicación». Aseguró que el Ayuntamiento «no puede desentenderse de los comerciantes ya que tiene una responsabilidad con ellos».