Los comerciantes de la plaza de abastos de Los Corrales de Buelna no abandonarán sus puestos en ese mercado mientras no quede claro cúal va a ser el futuro de sus negocios y del propio inmueble, y siempre que haya una decisión judicial por medio. Por esa razón, hoy plantearán ante los juzgados la suspensión cautelar de la orden de desalojo dada por el Ayuntamiento y llevarán a juicio esa misma orden para que sea la Justicia la que decida sobre su futuro. Además van a pedir oficialmente ante el Ayuntamiento la reparación del edificio como servicio público que es.

Su esperanza, según aclaró ayer el representante legal de los cinco afectados, Severino Cano, es que mientras no llegue esa decisión se tomen las medidas necesarias para garantizar la apertura de sus locales. La medida adoptada por el Ayuntamiento es ejecutiva y por tanto, dijo, «no nos queda otra opción que solicitar de un juzgado la posible paralización de esa orden cautelar, pidiendo su suspensión». La cuestión es que, como no hay tiempo material para que el juzgado se pronuncie antes del sábado, fecha tope dada a los afectados para abandonar el edificio, hoy mismo se pondrá en conocimiento del Ayuntamiento la petición de esa suspensión cautelar para que la tenga en cuenta.

Uno de los motivos en los que se basará esa petición es el que la rotura de la cercha tuvo lugar el 16 de julio, que el informe técnico municipal se emitió un 22 de agosto y que «estamos ya a mediados de septiembre sin que nada se haya hecho por solventar la situación». El juzgado que decida sobre el caso no tardará demasiado en resolver sobre la petición de los comerciantes, por lo que éstos confían en que el Ayuntamiento espere a conocer esa decisión.

Ayer adelantaron que si la Justicia da la razón al Ayuntamiento acatarán la decisión, pero si el juzgado entiende que es una medida sin amparo legal, pedirán la suspensión de la medida de desalojo. La decisión fue tomada tras reunirse ayer mismo con la alcaldesa de Los Corrales de Buelna, Mercedes Toribio Ruiz, y los servicios jurídicos municipales. El Ayuntamiento mantuvo la postura ya conocida, desalojo inmediato basado en el informe técnico del arquitecto municipal sobre la «ruina inminente» del edificio, así como su «extrema inestabilidad» y el «evidente peligro para las personas que se encuentran allí». Ante esa confirmación, los afectados señalaron en la reunión que, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, consideran que la orden puede ser «desproporcionada», al entender que se puede acometer una reparación puntual de la cercha rota, garantizar la seguridad y mantener abiertos los puestos, para lo que aportarán un informe técnico.

Desde el Ayuntamiento se dijo que esa opción no es válida, manteniendo que el desalojo es «prioritario». A partir de ahí, Severino Cano anunció que «no nos queda otra opción sino ejercitar las acciones legales oportunas para que la orden se someta a un control judicial: por un lado la cuestión técnica, qué hay que hacer, y por otra determinar si el desalojo es una medida proporcional a la situación actual».

Y es que la medida de desalojo, añadió, no viene acompañada de una determinación sobre las condiciones y el tiempo que duraría, «parece un desalojo indefinido sometido a unos estudios técnicos que no se sabe cuándo estarán terminados por su complejidad, sin ofertar un planteamiento opcional, por lo que vamos a intentar que sea un juzgado el que decida si la medida es correcta y hasta dónde llega esa decisión, ya que no sabemos tampoco que va a ocurrir con el edificio, si se demolerá, si habrá expediente de ruina o si hay una posibilidad de volver al mercado. A partir de que haya una resolución judicial acataremos esa decisión», dijo.