Operarios del Servicio de Obras del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna colocaron en la mañana de ayer una valla de seguridad a lo largo del perímetro de la plaza de abastos y a última hora de hoy precintarán el edificio. A partir de ahí se adjudicará a una empresa especializada el estudio de la estructura del inmueble para saber cual será su futuro definitivo. Así lo explicó la alcaldesa, Mercedes Toribio, al afirmar que en ningún momento se ha dicho que el desalojo de los cinco comerciantes que ejercen sus profesiones en la plaza sea definitivo ni que la demolición del edificio sea la única solución, aunque todo apunte a que su situación aboque en la necesidad de derribarlo.

Decisión judicial

Por otra parte, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander desestimó la petición de suspensión cautelar de la orden de desalojo, según el representante legal de los afectados «por prudencia, al no tener tiempo material de estudiar la situación del edificio». Aún así, cita a las partes a una vista que tendrá lugar el martes a las 12 de la mañana, donde, después de oirlas, ratitificará o modificará esa resolución, o bien establecerá otras medidas complementarias.

Mercedes Toribio ratificó que la orden municipal de desalojo se cumplirá hoy sábado «ya que no han cambiado las razones esgrimidas por los servicios técnicos sobre la plaza, manteniendo como prioritario garantizar la seguridad de los vecinos tanto dentro como en el perímetro del edificio».

Sobre su futuro, reiteró que una vez se precinte habrá que esperar a la resolución del expediente administrativo ya abierto, base para autorizar la adjudicación de un estudio pormenorizado de la estructura del inmueble a una empresa especializada. Añadió que por esa razón «no se sabe de cuanto tiempo y dinero estamos hablando. Habrá que desmontar la parte afectada por la rotura de la cercha para conocer el alcance de los daños y, después, determinar cual será el futuro del edificio y la disposición presupuestaria de las arcas municipales». Y reiteró que en ningún momento se ha dicho que el cese de las actividades sea definitivo: «ójala pueda conservarse ese edificio», dijo.

También avanzó que el Ayuntamiento atenderá las indemnizaciones que le correspondan: «hemos indicado a los comerciantes que todos los perjuicios que se les vayan causando se concreten y se trasladen al Ayuntamiento», apuntó. «Lo que hemos comunicado a los profesionales de la plaza es que la situación obliga a algo así como unas vacaciones forzadas por motivos de seguridad, pero nada más», incidió.

Manifestó su acuerdo con que sea la Justicia la que determine sobre la situación del mercado, añadiendo que «me hubiera gustado que la resolución ya fuera un hecho, porque parece que mi decisión es política y no lo es, está basada en informes técnicos».

Terminó afirmando que «estoy convencida de que lo que hago es lo correcto. Por mucho que duela, entre el daño económico a cinco familias y la seguridad personal de los vecinos del pueblo la opción es clara, a pesar de que entiendo perfectamente la situación que están viviendo los afectados».