Si un fontanero le coloca una lavadora nueva, ya no se podrá llevar la vieja a un punto limpio. Si le hacen una obra en el baño, tocará cargar escombros «o en el coche o a carretillo», y si le siegan el jardín, más de lo mismo, «a meter el verde al maletero o a esperar a que vaya el Ayuntamiento a quitárselo de la parcela cuando sea». El cierre de los puntos limpios para autónomos y pequeños empresarios tendrá como primeros perjudicados «a los ciudadanos particulares», los mismos a los que esta medida del Gobierno de Cantabria pretende favorecer. Es la conclusión a la que llegaron los profesionales que ayer fueron a Mare para intentar negociar una alternativa al cierre total, aunque, de momento, «la postura sigue inamovible», dijo el portavoz de la plataforma de jardineros, Salvador Vicente.

A las instalaciones de Mare en Puente San Miguel acudieron representantes de Sodercán (la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria) de fábricas de muebles, montadores de ventanas, albañiles, pintores, jardineros y otros gremios, que salieron con un «calendario de reuniones» en el que tienen puestas sus esperanzas.

El martes que viene será la próxima, con el director general, Rafael Canales, al que expondrán su punto de vista sobre una decisión tomada para ahorrar los 600.000 euros al año que, según Mare, cuesta a los cántabros la gestión de los residuos que depositan los empresarios en los puntos limpios, generados por una actividad de la que obtienen un lucro. Pero ellos no están de acuerdo. Los residuos que llevan no son suyos, «sino de particulares», y, lejos de ahorrar, creen que la medida provocará un gasto mayor a los ayuntamientos, «que van a tener que ir vivienda por vivienda a recoger lo que la gente no pueda cargar, y eso en los ayuntamientos que tengan este servicio, que son pocos».

«Lo hacemos como favor»

Tampoco podrán prestar sus furgonetas a sus clientes para llevar objetos voluminosos, «están rotuladas y no nos dejan entrar» y consideran «inviable» las alternativas que les quedan: al vertedero de Meruelo o a las empresas privadas de gestión de residuos. «Más que por el propio residuo, al cliente le saldría carísimo pagarnos por las horas trabajadas que perdemos por los desplazamientos», añadió Vicente.

La proliferación de vertederos incontrolados será, según este colectivo, una consecuencia inevitable. «Quien tenga coche irá al punto limpio, quien no, echará donde pueda», un «paso atrás» en una política medioambiental que, según ellos, el Gobierno de Cantabria emprendió con éxito hace una década.

Sobre la «competencia desleal» con las nuevas empresas de gestión de residuos que, según Mare, se favorece al permitir a los autónomos el uso de los puntos limpios, éstos también rebaten. «No está bien darle de ganar a un servicio privado perjudicando a otros privados, que somos nosotros», que ven su labor de transporte de residuos a los puntos limpios como «un favor a los clientes y a los ayuntamientos».

A los que piensen que pueden hacer una pequeña obra en casa y contratar un contenedor, les recuerdan que «no es tan fácil»» y los que crean que con sus coches pueden llevar lo que sea «se equivocan, hay residuos prohibidos por Tráfico».

Piden el apoyo de las asociaciones de vecinos (ofrecen el teléfono 626663843) en su lucha para que los puntos limpios sigan siendo públicos y gratuitos.